Mientras escribo esto, los estadounidenses provida no saben si celebrar, y los estadounidenses proabortistas no saben cómo protestar. Esto se debe a que todos nosotros estamos viendo la noticia: una opinión mayoritaria filtrada, pero aún no emitida, de la Suprema Corte de los Estados Unidos que anula la decisión Roe contra Wade de hace casi 50 años [enlaces en inglés].

Durante años, muchos de los que trabajamos en el espacio provida hemos anticipado el día en que la Suprema Corte anunciara la derogación de Roe contra Wade. Hace años, cuando mi equipo y yo trabajábamos en la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC, por sus siglas en inglés), planeamos un evento provida llamado Roe50 para conmemorar el aniversario de la decisión. Yo era la que argumentaba que el equipo debía prepararse para la clara posibilidad de que Roe no llegara a los 50 años.

Los que trabajaban en el espacio opuesto, en el lado del derecho al aborto, también estaban preparados para ese anuncio. Ninguno de nosotros estaba preparado para un anuncio como este, para un «anuncio» que no es un anuncio en absoluto.

Esto no había sucedido nunca antes: que una filtración desde dentro de la Suprema Corte revelara lo que el tribunal está planeando hacer. La confusión resultante significa que ahora la mayoría de la gente está 98 % segura de lo que el tribunal planea hacer. Pero no podemos actuar realmente en consecuencia, porque siempre existe la posibilidad de que la mayoría cambie de opinión de aquí a la publicación del dictamen.

Detrás de la confusión, sin embargo, hay una indignación latente. La noche previa a esta publicación, mi teléfono empezó a vibrar con un mensaje tras otro de abogados y políticos —la mayoría de ellos provida— indignados por la forma en que se filtró esta supuesta sentencia. Algunos especulaban que un funcionario proabortista lo había filtrado, con la esperanza de que la presión pública provocara una revocación del dictamen antes de su publicación.

Otros estaban seguros de que se trataba de un empleado provida que quería «sellar» la decisión antes de que los jueces pudieran cambiar de opinión. Pero para todos ellos, especialmente los que son abogados, existía la sensación de que la institución del poder judicial no podría sobrevivir a este tipo de falta de confidencialidad en su proceso de deliberación.

Sea cual sea la causa, en realidad no se trata de una «filtración» en el sentido en que solemos utilizar la palabra. Lo que algunos denunciarían como filtraciones en otros aspectos de la vida estadounidense (por ejemplo, en el proceso legislativo de negociaciones de ida y vuelta sobre asuntos de política pública) son altamente esperadas.

Lo mismo ocurre en el ámbito del poder ejecutivo. Un presidente suele filtrar información con antelación para ver qué tipo de respuesta pública se producirá. Incluso dentro de las instituciones no gubernamentales, las «filtraciones» son a menudo lo que aquellos que tratan de eludir la responsabilidad llamarán «acusaciones» sobre el mal comportamiento de los que están en el poder.

Aunque no sabemos quién filtró la opinión antes de tiempo, sí sabemos que detrás de la filtración hay una pérdida de confianza.

Sin embargo, ninguna de esas situaciones describe lo que ocurrió aquí. Sea o no cierto el cliché que dice que la Corte siempre tiene un ojo en los resultados electorales, el poder judicial no es lo mismo que un órgano legislativo y, de hecho, existe en parte para proteger los intereses de las minorías frente a cualquier mayoría.

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Además, en este caso no hubo un escándalo del tipo de los «Papeles del Pentágono»: no se trató de un acusador filtrando noticias de mala conducta. Por el contrario, se trató de una decisión con la que el «filtrante» estaba de acuerdo y quería afianzar, o con la que no estaba de acuerdo, y quería detenerla.

Si esta práctica se convierte en la norma, cada decisión importante será una escaramuza entre los poderes del Estado, y entre la corte y la opinión pública. Y no solo eso, sino que también habrá contiendas entre figuras anónimas que intenten comandar a la opinión pública para influir en el proceso legal —un proceso que no debería ser influido por los datos de las encuestas o la movilización de los activistas, sino por el mandato constitucional, a fin de mantener la legitimidad pública—.

Esto es especialmente cierto cuando casi todas las instituciones de la vida estadounidense —desde el Congreso hasta las oficinas de salud pública, pasando por los Boy Scouts o las iglesias— están sometidas a la tensión de las crisis de credibilidad. Algunas de estas crisis tienen su origen en una mentalidad de «quemarlo todo» en este momento, pero muchas de ellas se basan en los errores de estas mismas instituciones.

La tentación en este momento sería separar la opinión de estas otras cuestiones de estabilidad institucional. Al fin y al cabo, parecen ser dos cuestiones diferentes. Uno puede apoyar u oponerse al resultado de la decisión en sí y tener una opinión exactamente opuesta sobre el caos que rodea la filtración de información.

Y, sin embargo, las cuestiones no están tan separadas en realidad. Aunque no sabemos quién filtró el dictamen antes de tiempo —o por qué lo hizo—, sí sabemos que detrás de la filtración hubo una pérdida de confianza. El secretario(a), empleado(a) de la corte o —mucho menos probable— juez(a) que lo hizo no confiaba en que los jueces dictaran una sentencia basada en su deliberación sobre la Constitución. Eso, o no confiaba en que el público aceptara esta sentencia. De hecho, el propio caso Roe fue una respuesta a una especie de pérdida de confianza.

Los que apoyan el aborto legal dirían que la sentencia Roe colocó la confianza en las mujeres para tomar estas decisiones. Los que nos oponemos al aborto legal diríamos que la Corte del caso Roe no confiaba en que la gente pudiera persuadirse mediante el proceso político de establecer la política correcta. Así que eludieron ese proceso con una intrincada normativa sobre el aborto basada en la etapa o el trimestre, prohibiendo el aborto solo al pasar un determinado momento del embarazo. Y más tarde, el concepto de «viabilidad» surgió de algún modo de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Aún más importante es que el aborto mismo es la señal de una peligrosa pérdida de confianza. La relación entre madre e hijo —especialmente durante el embarazo, el momento de mayor vulnerabilidad para ambos— se rompe de tajo por la violencia ejercida contra uno o ambos.

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Además, la razón por la que el aborto existe siquiera es la pérdida del tipo de confianza social que le permitiría a las comunidades, los gobiernos y los organismos religiosos cuidar de las mujeres en crisis y de los niños, nacidos o no. Todos estos grupos necesitan ser, como escribió mi amigo Michael Gerson hace 20 años, «protegidos en la ley y acogidos en la vida».

Un bebé depende de la confianza de su madre, es decir, en la seguridad de un vínculo seguro desde el vientre materno. Una madre depende de la confianza de su comunidad —idealmente, del padre y de su familia extendida—. Pero también depende de quienes reconocen las responsabilidades comunitarias de cuidar de ella y de su hijo. Esto no solo ocurre en las mejores circunstancias, sino también en los casos que la iglesia del primer siglo llamaba «viudas y huérfanos en aflicciones» (Santiago 1:27).

Una sociedad en la que la violencia es utilizada como solución a los embarazos en situaciones de crisis es una sociedad que ha perdido la confianza y la credibilidad. Y una nación que se queda con la duda de si la Suprema Corte se ha pronunciado o no sobre la cuestión más controvertida del último siglo —todo porque no sabemos si creerle o no a un personaje anónimo—, también indica una crisis de confianza y credibilidad.

Si, de hecho, se anula Roe, los que estamos a favor de la vida debemos trabajar para convencer a nuestro prójimo de que podemos y queremos amar y proteger tanto a las madres como a los niños. Pero sea cual sea el resultado, la Suprema Corte debe trabajar para reconstruir la credibilidad necesaria para llegar a ser vista como algo más que otra institución que se tambalea entre otras tantas que han caído.

En ausencia de confianza, lo único que queda es el poder; y ese camino es el que nos ha llevado a la cultura del aborto. Y es el pasado el que nos ha llevado a este momento de cinismo: la incapacidad de creer siquiera en lo que nuestros líderes han hecho o dicho, y mucho menos de confiar en sus motivos.

Así que, al final, el aborto y la confianza institucional no son realmente dos cuestiones distintas.

Russell Moore dirige el Proyecto de Teología Pública en Christianity Today.

Traducción y edición en español por Livia Giselle Seidel.

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